Preponderancia de la Evidencia
- hace 2 días
- 4 Min. de lectura
Los Límites de la Discrecionalidad en EB-1A y EB-2 NIW
En las peticiones de inmigración basadas en empleo que permiten la auto-petición (self-petition), como EB-1A y EB-2 NIW, la solidez del caso no depende de la acumulación de credenciales. Parte del reconocimiento de que la prueba se evalúa en conjunto bajo el estándar de preponderancia de la evidencia y, por tanto, exige un análisis técnico preexistente orientado a identificar cómo los hechos guardan relación con los criterios de elegibilidad y cuáles requieren soporte complementario verificable, conforme a los estándares de adjudicación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
La evaluación del caso se fundamenta en un razonamiento jurídico exhaustivo de la trayectoria del peticionario a la luz de los requisitos normativos aplicables, mediante un proceso de estructuración y organización de la evidencia que permite ubicar cada elemento dentro del análisis legal correspondiente.
1. El marco normativo aplicable
Este enfoque se fundamenta en el ordenamiento aplicable, que incluye la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immi gration and Nationality Act),1 particularmente sus secciones 203(b)(1)(A) para EB-1A y 203(b)(2)(B) para EB-2 NIW; el Código de Regulaciones Federales,2 Título 8, sección 204.5, que establece los criterios de elegibilidad; y el USCIS Policy Manual, que orienta la resolución de los casos.
2. Discrecionalidad técnica, no arbitrariedad
La adjudicación de estas peticiones se inserta en la esfera del derecho administrativo, donde la autoridad ejerce discrecionalidad técnica dentro de parámetros definidos. La decisión no es libre ni arbitraria: debe fundamentarse estrictamente en el expediente administrativo y en la aplicación de la norma.
Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act, APA), específicamente 5 U.S.C. § 706, las determinaciones de las agencias deben mantener una relación razonada entre los hechos acreditados y la decisión adoptada. Una presentación clara y coherente del soporte probatorio reduce el margen de interpretaciones inconsistentes y permite una revisión más estructurada del expediente en caso de apelación o revisión judicial.
De modo que, en caso de revisión, la base documental constituye el referente principal para examinar la correcta aplicación de los criterios regulatorios y las directrices administrativas aplicables. Al integrar la trayectoria del peticionario dentro del esquema normativo aplicable, la labor jurídica facilita que los hechos sean considerados conforme a criterios objetivos de adjudicación.
3. Biografía descriptiva vs. argumento legal
La práctica migratoria distingue entre la narrativa presentada como una biografía descriptiva —recuento cronológico de logros— respecto a la estrategia de un argumento legal fundamentado en un análisis normativo de elegibilidad. Mientras la primera relata o describe hechos, el segundo busca demostrar su cumplimiento objetivo bajo el estándar de preponderancia de la evidencia.
Así pues, el valor de la intervención jurídica consiste en:
▸Identificar cómo la evidencia se alinea con prioridades nacionales de beneficio prospectivo para EE. UU.
▸Vincular la evidencia del peticionario con los criterios legales aplicables y, cuando corresponda, con criterios de interés nacional conforme a precedentes administrativos. ▸Organizar la evidencia de forma lógica para coadyuvar a una apreciación objetiva por parte de la autoridad.
Esta metodología aplica criterios normativos preexistentes al perfil factual del peticionario, presentando la documentación probatoria de forma organizada para la evaluación de USCIS, en relación con elementos verificables y coherentes con los estándares regulatorios vigentes.
4. Jurisprudencia reciente: Mukherji v. Miller (2026)
El caso Mukherji v. Miller, decidido el 28 de enero de 2026 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nebraska, se ha convertido en un punto de referencia en el debate sobre los límites de la discrecionalidad en las peticiones EB-1A.
En dicho caso, la peticionaria, periodista de profesión, acreditó el cumplimiento de múltiples criterios objetivos establecidos en la regulación aplicable. Sin embargo, su solicitud fue denegada en la fase final mediante una apreciación de carácter discrecional.
El tribunal revisó la metodología aplicada por USCIS y examinó su compatibilidad con los principios del derecho administrativo federal, en particular respecto del estándar que prohíbe decisiones arbitrarias cuando no se encuentran debidamente motivadas ni sustentadas en el expediente.
La decisión fue anulada, la denegación dejada sin efecto y el asunto devuelto a USCIS con instrucciones de aprobar la petición en ese caso concreto. El tribunal consideró que la incorporación de evaluaciones discrecionales no suficientemente motivadas dentro del procedimiento adjudicativo podía generar tensiones con las exigencias de fundamentación, coherencia y control propias del derecho administrativo.
Adicionalmente, la revisión judicial se enmarca dentro del estándar de preponderancia de la evidencia, conforme al precedente administrativo Matter of Chawathe, según el cual la carga probatoria se satisface cuando la evidencia demuestra que los hechos son más probablemente ciertos que no.
4.1. Actualización regulatoria en curso: RIN 1615-AC85
En respuesta a este tipo de cuestionamientos, la administración ha impulsado la actualización regulatoria identificada como RIN 1615-AC85,6 titulada "Petition for Immigrant Worker Reforms", que corresponde a una propuesta del De partamento de Seguridad Nacional (DHS) y de USCIS para modernizar las regulaciones aplicables a las categorías de visas de empleo, orientada a clarificar los estándares y reforzar la consistencia del proceso.
5. Conclusión
El caso refleja una tensión institucional en evolución entre la adjudicación basada en criterios objetivos y el alcance de la discrecionalidad en la determinación final. Esto refuerza la importancia de estructurar las peticiones de forma que su fundamentación pueda ser sustentada en evidencia verificable conforme a los estándares regulatorios vigentes.
La diferencia entre una petición aprobada y una denegada rara vez está en los hechos del peticionario. Está en la arquitectura jurídica con la que esos hechos llegan a la mesa del oficial adjudicador.
NOTAS Y REFERENCIAS
Immigration and Nationality Act (INA). Establece los tipos de visas disponibles para el ingreso a los Estados Unidos y las condiciones que deben cumplirse antes de su emisión.
8 CFR § 204.5 – Petitions for employment-based immigrants. Disponible en: ecfr.gov/current/title-8/section-204.5
Matter of Dhanasar, 26 I&N Dec. 884 (AAO 2016). Disponible en: justice.gov/eoir/page/file/920996/dl
Kazarian v. USCIS, 596 F.3d 1115 (9th Cir. 2010). Adoptado por USCIS mediante memorando de política del 22 de diciembre de 2010, implementando el enfoque de dos pasos para EB-1A y EB-2. Texto: cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2010/03/04/07-56774.pdf
Matter of Chawathe, 25 I&N Dec. 369, 376 (AAO 2010).
RIN 1615-AC85 – Petition for Immigrant Worker Reforms. Unified Agenda. Disponible en: pubId=202504&RIN=1615-AC85
Aviso: Este documento constituye un análisis jurídico de carácter informativo y no sustituye la asesoría legal individualizada. Cada caso debe evaluarse conforme a sus circunstancias particulares y al marco normativo vigente al momento de su presentación.
Autor:
Adaelizabeth Guerrero
Paralegal - US Visa LATAM
Comentarios